Las pensiones cuentan con un mecanismo estable de revalorización, a partir de 2022, por el que se incrementan las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de índice de precios al consumo (IPC) negativo, las pensiones quedarán inalteradas. Además, el acuerdo incluye una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.

La vinculación automática de la revalorización de las pensiones al IPC del ejercicio anterior al de la revalorización es una de las medidas centrales del acuerdo, entre Gobierno y los representantes sindicales y patronales, sobre el primer paquete de la reforma de las pensiones. Con este acuerdo, se dio cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, así como corrigiendo y eliminando definitivamente la fórmula introducida en 2013, el llamado IRP-Índice de revalorización de las pensiones, definitivamente derogada.

IPC: Subidas superiores al 3%

De este modo, la subida de las pensiones de 2025 se calculará con la inflación media registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. El IPC sigue registrando subidas anuales superiores al 3%.  En enero de 2023 subieron un 8,5%; en 2024, un 3,8%; y con las previsiones actuales, en 2025 se anticipa una subida próxima al 3,2% (que previsiblemente será superior en las mínimas y no contributivas).

2024 ha sido el tercer año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. Gracias a estas revalorizaciones, un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018. En todos estos años, la pensión media de jubilación se ha incrementado un 29%, lo que supone que la pensión media anual es casi 4.000 euros mayor que en 2018. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, ha aumentado 638 euros al año en este 2024, que suponen 46 euros más al mes.

Una medida controvertida

Son casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones que conservan o aumentan su poder adquisitivo: los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad.

Desde el Gobierno defienden que la subida es compatible con un fortalecimiento de los ingresos del sistema, que siguen mejorando gracias a la reforma laboral y otras medidas que han permitido crear más empleo, de más calidad y que la actividad económica se robustezca, lo que proporciona más recursos a la Seguridad Social. Gracias a ello, el déficit del sistema sigue bajando (del 1,6% que estaba en 2017 al 0,5% previsto para este año) y los ingresos por cotizaciones sociales se incrementan un 10,3% interanual.

Sin embargo, el Banco de España ya ha reportado un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años, acumulando más de 116.000 millones de euros, y anticipa que será necesario implementar medidas de ajuste a partir de 2025 si la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que el gasto en pensiones ha superado el 13,3% del PIB.

Subir las pensiones contributivas un 3,2% el próximo año 2025 tendría un coste extra cercano a los 6.000 millones al año. La Comisión Europea ha advertido de que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones por la indexación al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.